¿Qué es la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Capítulo Iquique?

miércoles, 27 de agosto de 2014

Modificación de Ley Valech (19992)

Las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2013 sobre "La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes":

En el punto 21. Exhorta a los Estados partes en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes1 a que cumplan su obligación de someter a enjuiciamiento o extraditar a los presuntos responsables de haber cometido actos de tortura, y alienta a los demás Estados a que hagan lo propio, teniendo presente la necesidad de combatir la impunidad;
En el punto 22.Destaca que los ordenamientos jurídicos nacionales deben garantizar que las víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tengan un acceso efectivo a la justicia y obtengan reparación sin sufrir represalia alguna por presentar denuncias o pruebas;
En el punto 23. Exhorta a los Estados a otorgar un resarcimiento a las víctimas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que abarque un recurso efectivo y una reparación adecuada, efectiva y rápida, la cual debe incluir la restitución, una indemnización justa y adecuada, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, teniendo plenamente en cuenta las necesidades específicas de la víctima;  
Y en el punto 24. Insta a los Estados a que velen por que se ponga rápidamente a disposición de todas las víctimas, sin discriminación de ningún tipo y sin límite de tiempo hasta que se logre la máxima rehabilitación posible, servicios de rehabilitación adecuados, proporcionados directamente por el sistema público de salud o mediante la financiación de servicios de rehabilitación privados, incluidos los administrados por organizaciones de la sociedad civil, y a que consideren la posibilidad de ofrecer servicios de rehabilitación a los familiares directos o las personas a cargo de la víctima, así como a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para socorrer a la víctima en peligro o para impedir su victimización;

En vista de estas indicaciones se solicita:
1ro Una indemnización efectiva y decente de los crímenes cometidos por el Estado
2do El fin de la amnistía y prescripción de las causas de derechos humanos
3ro La mejora de las instancias jurídicas que tratan sobre la tortura
4to Mejorar los sistemas de reparación (PRAIS y otros)

La congreso había aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo que busca  solicitar a la Presidenta de la República que interceda ante el Consejo de Defensa del Estado sobre la posibilidad de poner término,- por vía de equivalentes jurisdiccionales-, a las causas de derechos humanosademás de abstenerse de alegar la prescripción extintiva de esas acciones civiles. Asimismo se contempló el envío de una iniciativa reparatoria acorde con la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Lamentablemente esta iniciativa aun no prospera. 
Esperamos, sentidamente que estas medidas puedan hacerse efectivas lo antes posible, antes que se agoten las fuerzas de las víctimas.

REUNIONES SEMANALES

Informamos a la comunidad que
la comisión se está reuniendo
todos los sábados desde las 12:00 hrs.

En estas reuniones se abordan principalmente tres temáticas:
. El fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos
. La lucha por justicia, memoria y reparación para las torturas ocurridas durante la dictadura
. Temáticas de derechos humanos en la actualidad (medio ambiente, educación, salud, etc)

Quedan todos cordialmente invitados.


Les recordamos nuestra dirección.
Av. Salvador Allende N°3033. Iquique, Chile

domingo, 1 de junio de 2014

La necesidad de crear una nueva institucionalidad de Derechos Humanos

Hace un tiempo llegó a nuestras manos la propuesta en temáticas de derechos humanos del comando de la presidenta Michel Bachelet. Luego de leer y estudiar este documento, hemos decidido manifestar nuestra opinión en la materia.
La última encuesta de derechos humanos de INDH revela que la sociedad chilena está pasando por un cambio importante: los derechos humanos se asocian más a la salud, la previsión, la educación y el medio ambiente, y no tanto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Es evidente que este giro es una consecuencia del impacto que han tenido los movimientos sociales en nuestro imaginario colectivo. Creemos que el gobierno hará bien en percatarse de este cambio.
El pueblo, hastiado del sistema, se ha alzado pidiendo justicia social, pero este grito desesperado es todavía rudimentario e ineficiente, lo que redunda en frustración y desconfianza. Queremos recordar nuestro pasado para no volver a repetirlo, pero las lógicas autoritarias siguen reproduciéndose en nuestras poblaciones, en nuestras escuelas, en nuestras familias y en nuestros trabajos. Queremos lograr grandes cosas pero nos cuesta expresarnos pacíficamente, creando una constante tensión con las fuerzas de orden. ¡¿Acaso no aprendimos del pasado?!…  
Es urgente crear vías democráticas, institucionales y legitimadas que encausen la efervescencia social. En este sentido, consideramos que es un acierto del comando de Bachelet decir que los derechos humanos deben ser un fundamento principal y eje articulador del estado. Pero nos preocupan varias dimensiones de esta propuesta.
El programa de Bachelet considera una serie de propuestas sobre temáticas de derechos humanos, pero estas se encuentras desarticuladas, si de verdad queremos que los derechos humanos sean un “eje articulador” es imprescindible crear una institucionalidad que permita coordinar dichas propuestas en forma coherente.
El programa también  considera que es labor del gobierno asumir esta responsabilidad, pero los organismos de derechos humanos deben tener la autonomía suficiente para observar, orientar, y criticar el trabajo del gobierno de turno. Además la lógica administrativa del estado es vertical, en cambio la lógica de los organismos de derechos humanos debe ser lo más horizontal y participativa posible, por lo general, funcionan con un consejo general que coordina comisiones encargadas de distintas temáticas.
Probablemente el organismo que mejor puede asumir esta función es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero no cuenta con suficientes recursos y atribuciones legales que le permitan ejercer una rol preponderante. Además es necesario aumentar su presencia en regiones y darle mayor representatividad. Idealmente debería constituirse como un cuarto poder del estado que pueda supervigilar el funcionamiento de la sociedad civil y el estado con el objetivo de promover los derechos esenciales o naturales. Debería ser un complemento significativo a la función vigilante del Parlamento, los medios de comunicación y la Controlaría General de la República.

La nueva institucionalidad debería tener atribuciones para:
. OBSERVAR. Enviar observadores a organismos públicos, empresas, y otros espacios públicos, para  investigar, registrar y sistematizar las observaciones. Organizar consultas ciudadanas y vigilar el correcto desarrollo de elecciones y plebiscitos.
. ORIENTAR. Emitir comunicados públicos, ejercer medidas diplomáticas entre las distintas organizaciones involucradas, hacer campañas, recomendar planes educativos y programas de capacitación, presentar proyectos de ley, proponer reglamentos y protocolos, promover reformas en el estado, entregar reconocimientos, emitir informes regulares y otras medidas comunicativas.
. FORTALECER. Impulsar la creación de nuevas organizaciones sociales, articularlas, entregar recursos en forma eficiente a estas organizaciones, dar asesoría y capacitar continuamente, organizar encuentros, colaborar en la difusión, etc.

. DEFENDER. Interponer las acciones legales defendiendo causas solicitadas desde las bases sociales cuando fuere procedente de conformidad con la ley. En forma similar a como lo hace un Defensor del Pueblo.