Señor Director:
Este año ha estado marcado por la emergencia definitiva de un nuevo actor político ineludible e insustituible: la ciudadanía activa y movilizada en defensa de sus derechos y reivindicaciones. Nadie que adhiera a los valores democráticos puede dejar de mirar con simpatía y adhesión el hecho de que algunos de los vacíos y debilidades evidentes de nuestro sistema político, especialmente a la hora de representar fielmente los intereses de los ciudadanos, sea llenado directamente y ruidosamente por ellos mismos.Si bien se ha tratado de manifestaciones caracterizadas por su masividad y, muchas veces, por la creatividad e ingenio de organizadores y convocantes, no han estado exentas de incidentes violentos que tienen lugar, frecuentemente, al final de las movilizaciones y que se apartan de los modos y el contexto en que ellas se desarrollan.
Lo anterior ha dado pie para que surjan visiones y opiniones que, poniendo los incidentes en magnitudes desproporcionadas, pretenden descalificar y criminalizar la protesta ciudadana, haciéndola aparecer como contradictoria con el interés de la mayoría y proponiendo sanciones y regulaciones mayores que las actualmente existentes en la materia.
Es imperativo, entonces, abordar este asunto desde una perspectiva de democratización de nuestra sociedad y de ejercicio de derechos ciudadanos universalmente reconocidos, de manera que se adopten las medidas necesarias no para reprimir o deslegitimar sino para que los chilenos incorporemos el ejercicio de manifestarnos como un hábito necesario y positivo para nuestra convivencia política.
Una primera aproximación debiera estar dada por el diálogo entre sociedad civil convocante y autoridad política y policial de la ciudad, de manera de arbitrar medidas para que los ciudadanos puedan manifestarse en paz y las fuerzas policiales cumplan efectivamente un rol de protección y garante de tal derecho a través de métodos transparentes que destierren prácticas como la infiltración y la provocación, según han dado cuenta recientes reportajes.
También debiera procederse a un análisis crítico de las regulaciones actualmente vigentes en la materia. Sin perjuicio de los cuestionamientos a los que es susceptible por su contradicción con los estándares internacionales y su discutible constitucionalidad, no parece apropiado que, casi treinta años después, sea un decreto (1086) promulgado por la dictadura con ocasión de las protestas nacionales la norma que orienta el actuar de las fuerzas policiales en caso de manifestaciones ciudadanas.
El país vive una fase política y cultural que debe ser comprendida con miradas actuales y democráticas. No es admisible que las normas y métodos con que se encara la manifestación ciudadana sea la misma que en dictadura como tampoco lo es que la ciudad no sea hoy más tolerante que ayer a la reunión de quienes la habitan.
Lorena Fries Monleón
Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos
Carta publicada en Blogs de El Mercurio el 29 de julio de 2011.
Respuesta de Carabineros de Chile a columna “El Derecho a manifestarse en paz”, de Lorena Fries
ResponderEliminarEscrito el | 1 agosto 2011 | Sin Comentarios
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries Monleón, se ha referido en carta publicada ayer a la regulación de las manifestaciones públicas.
Al margen de la valoración y juicios que la señora Fries realiza sobre las manifestaciones públicas y las demandas ciudadanas, como así mismo del ordenamiento normativo vigente, todo lo cual escapa a la competencia de Carabineros de Chile, es preciso rectificar lo señalado por ella en cuanto a supuestas prácticas como la infiltración y la provocación.
Frente a publicaciones periodísticas sin mayores fundamentos, nuestro General Director, Eduardo Gordon Valcárcel, ha señalado explícitamente que como Carabineros de Chile no utilizamos el concepto de “infiltrados” y que lo que desarrollan carabineros de civil es la inteligencia policial preventiva, que precisamente busca adelantarse a los eventuales hechos de violencia.
“Carabineros de Chile -ha señalado el general Gordon- es una institución garante de los derechos de las personas. No es un agitador social, es un controlador de la sociedad y garante de la tranquilidad y seguridad de las personas que están participando en las marchas y las que no están participando”.
Para contribuir al debate público aparece como adecuado considerar los hechos reales y acreditados, y no quedarse con informaciones puntuales y sin fundamentos.
Ricardo Solar Roberts Coronel de Carabineros Jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales Carabineros de Chile.